Desde octubre pasado están sin luz los residentes en los sectores 5 y 6 de La Cañada Real Galiana, tras el corte del suministro por parte de la compañía Naturgy y debido a la saturación de la red por enganches ilegales desde los cultivos de marihuana que hay en la zona.
Emergencia, sufrimiento e injusticia
Desde entonces, unas 1.100 familias, que agrupan aproximadamente 4.000 personas, y entre ellas 1.812 niños y niñas, se ven privadas de un suministro básico y cotidiano como es la luz. Ello implica enormes dificultades, cuando no imposibilidad, de atender adecuadamente la higiene y la alimentación, con las repercusiones sanitarias, domésticas y relacionales que todo ello supone. Implica también carecer de calefacción por electricidad, y ello en pleno invierno y desde hace unos días en pleno temporal de frio bajo cero y de intensa nevada.
Una situación de escándalo que afecta a la vida y a la seguridad: dos fallecidos por patología crónica, y tres fallecidos más según informa la Agencia Antidroga; intentos de suicidio; intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono de las estufas y chimeneas; dos incendios, quemaduras…
Una situación de emergencia sanitaria: infecciones respiratorias en adultos y menores; bronquiolitis en bebés, recién nacidos que no pueden autorregular su temperatura, niños con manos y pies violáceos, o con sabañones; mujeres con sangre en las manos al lavar con agua helada; ropas que no se secan; imposibilidad de conservar medicamentos, como la insulina, a esas temperaturas; enfermos de pulmón sin poder conectar sus respiradores; ansiedad…
Desde entonces se han sucedido una intensa serie de prácticas ciudadanas reclamando que vuelva la luz a este enclave urbano. A las concentraciones, manifestaciones, escritos, solicitudes y propuestas de los vecinos y vecinas afectados se han sumado otras muchas peticiones por parte de asociaciones y redes. Pero a día de hoy la situación no se ha resuelto, y ya van más de cien días sin luz, es decir, con sufrimiento, injustica e impotencia.
Ante esta situación tan dura como injusta, tan inadmisible como indignante, queremos manifestar, desde la universidad pública comprometida con la sociedad y su entorno, nuestra solidaridad con todas aquellas personas y familias que la están sufriendo.
Vulneración de derechos
Como ámbito académico especializado en Derechos Humanos queremos también hacer constar que lo que está ocurriendo supone una clara vulneración de derechos humanos básicos, sobre todo del derecho a la vida digna, a la salud, a la información y a la participación, así como especialmente de los derechos de niños y niñas.
Todo lo cual queda patente a la vista de la legislación y normativa internacional y nacional. Hay acuerdos de muy distinta naturaleza, todo ellos firmados por España, que abogan por el derecho a una vida digna. El articulo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho … a obtener, …, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. ¿Es que acaso los residentes de los sectores 5 y 6 de La Cañada no son miembros de la sociedad, concretamente de la sociedad madrileña? ¿o es que la luz no es un suministro básico y, por lo tanto, un derecho social? ¿Disponer de ella no es indispensable para la dignidad de la persona?
El artículo 26 de esa misma Declaración dispone que: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar…” ¿Sin luz durante más de cien días, en plena pandemia, en invierno, con temporal de frio helador e histórica nevada, es posible mantener el nivel de vida, ya precario, y asegurar la salud y bienestar de la infancia y la familia?
Aunque muchas veces no lo parece, estamos en Europa donde disponemos de una Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo artículo 7 pretende garantizar que “toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones” ¿Estar más de cien días sin luz en los hogares es respeto? El artículo 24 de esa Carta Europea proclama: “Los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar”. Seguro que nadie niega que también tienen ese derecho los niños y niñas de los sectores 5 y 6 de La Cañada, pero al parecer no es así.
Y así podríamos seguir releyendo y recordando, desde la ausencia de luz, el frio bajo cero, el dolor, el profundo desamparo y la angustia de estos residentes madrileños, lo dispuesto en otros tratados internacionales, de obligado cumplimiento, como la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 6, 24 y 27, entre otros). O, más cercano y preocupante si se quiere, en las disposiciones de la Constitución Española. Causa sonrojo e indignación recordar estos días el artículo 47 de nuestra carta magna que regula el “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” e indica la responsabilidad al respecto de los poderes públicos; o el artículo 51: “los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios …”.
Por una solución urgente, responsable y participativa
Por todo lo anterior, desde la solidaridad y la preocupación, nos dirigimos a los responsables institucionales de las tres administraciones para exigirles que resuelvan esa situación con urgencia, audacia y coordinación.
Mucho, y muy positivo, se ha construido y logrado en los últimos años en la Cañada Real. A las movilizaciones de hace ya tiempo, vino a sumarse la actuación de un amplio elenco de entidades sociales y voluntariado que vienen haciendo una gran labor, así como el impulso desde 2014 de un Proceso Comunitario Intercultural con intensa participación y trabajo cooperativo de responsables institucionales, profesionales y ciudadanía (en el que ha participado activamente nuestra Universidad y el Instituto)
De especial relieve, la aprobación en 2018 del Pacto Regional de la Cañada Real Galiana, firmado por la Comunidad de Madrid, la delegación de Gobierno y los tres ayuntamientos por donde pasa la cañada (Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada). Estuvieron de acuerdo en ello los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria, por entonces, en la Asamblea de Madrid. Así pues, se dispone de un amplio y asentado marco de concertación donde puede y debe encontrarse la solución; de lo contrario, puede haber un retroceso en la cohesión social construida con tanto esfuerzo.
En el Anexo III del Pacto Regional (página 47) se especifican los “Compromisos para la adopción de medidas provisionales para dignificar las condiciones de vida de los habitantes”. En el primer apartado se enumeran las “Medidas en materia de Infraestructuras” y, junto a otras relativas a agua, viales, basuras, etc., se formula precisamente el compromiso de “rehabilitación del suministro de luz”.
Ese Pacto fue y es una gran iniciativa, fruto del dialogo y la concertación. Entre sus principios rectores figuran los de participación, consenso y transparencia. En su plan de choque se estipula el compromiso de los Comisionados, autonómico y municipal, de informar de forma permanente a, y contar con, la ciudadanía, las entidades sociales y el resto de las administraciones. Aplicando con determinación esos principios, y diferenciando entre culpables y responsables de la situación, debe encontrarse por los firmantes del Pacto una solución tan urgente como fortalecedora de ese espíritu comunitario tan valioso y que tanto ha costado construir en la Cañada Real, y poner fin a la criminalización que se está realizando al identificar a la población de la Cañada con actividades delictivas.
Es urgente dar una respuesta a las familias y poner fin a la vulneración de derechos que se está produciendo.
Madrid, 17 de enero 2021
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