El día 14 de abril de 2023 tuvimos la ocasión de celebrar desde el Instituto DEMOSPAZ una sesión de diálogo para discutir la situación de los Derechos Humanos en Perú. La coordinadora del evento sería Lucrecia Janqui, miembro de DEMOSPAZ, en colaboración con la secretaria del instituto Blanca Rodríguez-Chaves, la coordinadora Elena Boscheiro y la directora del mismo Manuela Mesa.
El conversatorio se inicia con la intervención de Edwin Daniel Félix Benites, docente de la Escuela Profesional de educación primaria intercultural de la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas. A lo largo de su intervención aborda los grandes problemas estructurales de Perú que han impedido históricamente la consolidación de un estado democrático, y la protección efectiva de los Derechos Humanos. Así, el proceso de formación estatal particular del Perú será determinante en cómo los partidos políticos que actualmente están en la escena son incapaces o no tienen interés en la defensa de los Derechos Humanos de la ciudadanía, y cómo la presencia de tecnócratas ha sido también otro de los aspectos clave en la creación de este modelo.
Existe una división inicial clara entre aquellos que conciben el estado peruano como un estado perteneciente a un único grupo étnico heredero del sistema colonial, los hispanistas, y aquellos que defienden la creación de un estado plural e integrador para todos los grupos étnicos y sociales del país, los indigenistas. En este proceso de configuración el estado se organizará de manera oligárquica y aristocrática, una tendencia que pervive hasta el presente, y que será una de las grandes características de Perú. Así, esta naturaleza aristocrática también permearía y afectaría profundamente a la creación de partidos políticos militaristas, con una agenda propia y un distanciamiento creciente de la democracia representativa.
Sin partidos políticos no puede haber democracia en un estado. El sistema de partidos de Perú ha sido siempre elitista, el poder se ha concentrado en una serie de familias oligárquicas que no tienen una visión global del país, concepción del futuro o una agenda democrática, y que operan como caudillos políticos sin partidos ni cuartel.
Así, el sistema está diseñado para favorecer a estas familias aristocráticas, y un subproducto del mismo es la estigmatización sistemática de lo indígena y lo rural como realidades completamente ajenas a Perú. El sistema se perpetúa por vía de lo militar, y rechaza aquellos elementos que considera ajenos o fuera de lugar, como ocurrió en el pasado reciente con Pedro Castillo, por considerarlos atrasados o inferiores. El levantamiento en favor de este último tras su destitución ha sido tachado de violentista, pero este no es sino una manifestación del malestar y desencanto de la población peruana con el sistema en su conjunto.
A un sector grande de la población no se le reconoce la ciudadanía hasta 1988, siendo los requisitos de obtención de la ciudadanía la comprensión del español, la alfabetización y la fe católica. Así, todos los pueblos originarios eran excluidos del sistema y así han sido sujetos históricamente de grandes desigualdades y persecuciones. Como se ha visto con las protestas en la actualidad y con la pandemia en el pasado, siguen siendo los más vulnerables y los más expuestos ante estas violaciones de Derechos Humanos.
A continuación, Mar Pérez, parte del Equipo de Coordinación de Derechos Humanos de Perú, una organización que da asistencia a víctimas de la violencia y que documenta los abusos de Derechos Humanos durante las últimas protestas que han tenido lugar. Las movilizaciones en Perú han recibido una respuesta de enorme solidaridad hacia los jóvenes que se manifestaban, llegando gran parte de la población civil que no se manifestaba a dar asistencia a los heridos víctimas de la violencia policial en las manifestaciones. Sin embargo, la trágica realidad es que se han dado 48 ejecuciones extrajudiciales de manifestantes hasta el momento. Del lado policial los muertos son muchos menos, pero la gran mayoría de ellos son de orígen indígena, “los muertos siempre acaban siendo del mismo lado” afirmaba Mar Pérez durante esta sesión de diálogo.
Las cifras de heridos siguen aumentando, y, sin embargo, la acción del estado en materia de reparaciones sigue siendo prácticamente inexistente. Esta realidad en conjunción con el mal estado del sistema de sanidad hace que la población que se manifiesta sea sumamente vulnerable, y que se vea forzada a replantearse su situación y posibilidades de expresión libre y sin censura. Las amenazas, las acusaciones de terrorismo, y la discriminación son problemas estructurales que han contribuido a estas violaciones de derechos humanos y al clima actual de hostilidad y violencia. A pesar de que el terrorismo en Perú lleva años desarticulado, el gobierno ha creado fiscalías específicas para procesar a personas de izquierda bajo la etiqueta de terrorismo. La organización de un conversatorio o la recaudación de fondos solidarios pueden ser causa suficiente para ser acusado de terrorista en Perú.
Esta sesión de diálogo ha demostrado que la situación de derechos humanos y la criminalización de la protesta han quedado fuera del ojo mediático en Occidente, a pesar de que la dimensión humana es precisamente la más damnificada con la situación actual. Sólo a través de la visibilización de las violaciones de Derechos Humanos y con un compromiso fuerte de la sociedad civil y los agentes estatales será posible contribuir a la creación de una cultura de paz estable y duradera en Perú que pueda contribuir a una mejora en la situación de los Derechos Humanos en el país.
Puedes acceder al vídeo de la conferencia completa en nuestro canal de Youtube, Instituto Demospaz UAM, o a través del siguiente enlace