Un estudio publicado por medRxiv sobre la financiación para el desarrollo de la vacuna frente al coronavirus, AstraZeneca, revela que la farmacéutica asumió menos del 3% de los costes de investigación y desarrollo. Del 97% restante, unos 120 millones, 45 vinieron del Gobierno de Reino Unido, 30 de la Comisión Europea, y el resto de entidades como centros de investigación y fundaciones también financiadas con fondos públicos.
Este hecho pone sobre la mesa dos cuestiones principales: la relevancia de la financiación pública para el desarrollo de esta vacuna, y la paradójica situación generada por las patentes de la industria farmacéutica. Frente a este último punto, 170 personalidades de todo el mundo han firmado una carta para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitando la suspensión temporal de estas licencias exclusivas que desaceleran
Actualmente se estima que nueve de cada 10 dosis han sido suministradas en los países ricos, mientras que aquellos más empobrecidos tienen una previsión de meses e incluso años. Más allá de lo ético, hay estudios que demuestran a través de proyecciones económicas y de salud, cómo las patentes no hacen sino incrementar las repercusiones económicas y el riesgo de que se generen nuevas variantes del virus que conviertan en ineficaces las vacunas actualmente disponibles.
Con respecto a este tema, el Instituto Demospaz organizó el pasado mes de febrero el Seminario de Investigación «La crisis de la COVID-19: salud pública, gestión sanitaria y acceso a las vacunas», en el cuál se analizaron las grandes brechas y desequilibrios en el reparto de las dosis de las diferentes vacunas disponible frente a la COVID-19 entre países con más y menos recursos. Con la celebración de este seminario, se compartieron diversos materiales y recursos bibliográficos.
Para más información sobre el Seminario de Investigación: